Disminución de los abusos que se cometen dentro de un procedimiento coactivo, iniciado en Municipalidad, basadas en el Derecho Administrativo y no en el Derecho Procesal Civil

Abstract

El presente trabajo tuvo como fin investigar la jurisprudencia administrativa y la normatividad especial relacionada al procedimiento de ejecución coactiva con la finalidad de sustentar que las acciones irregulares u abusivas de los Ejecutores coactivos municipales deviene por la inaplicación indebida de normas procesales civiles a procedimientos coactivos, cuando ambos, proceso y procedimiento, son de naturaleza distinta. Para ello primero se investigó en la jurisprudencia que situaciones coactivas irregulares se advierten. Producto de dicha investigación detectamos que las irregularidades se manifiestan según la etapa o fase del procedimiento de ejecución coactiva. Dichas situaciones irregulares las hemos ubicado sistemáticamente en las fases del procedimiento coactivo. De esta manera considero que las fases serian, emisión de medidas cautelares previas, inicio del procedimiento coactivo, medidas cautelares generales, embargos en forma de retención bancaria, suspensión del procedimiento coactivo, tercería de propiedad. Es así que en cada una de esas etapas encontramos el actuar abusivo de los ejecutores coactivos y hemos indagado a mérito de que se cometió la irregularidad. Para tal fin comparamos el articulado administrativo utilizado por el ejecutor con lo que dispone al respecto el Código Procesal Civil. Producto de ello hemos advertido varias situaciones en las cuales el ejecutor aplica, ya sea porque la ley le faculta, o porque él lo considera discrecionalmente, normas procesales civiles. Así, principalmente advertimos que el ejecutor coactivo aplica normas procesales civiles como si fuera un juez o como si impartiera justicia. Dicha confusión de que el ejecutor se considere juez viene de los antecedentes de dicha función toda vez que antiguamente los ejecutores coactivos eran jueces coactivos, lo cual a la fecha ya se superó, pero solo en la norma. Esta indebida inaplicación de normas procesales civiles a procedimientos administrativos como el de ejecución coactiva causa confusión a los ejecutores y por ello en su actuar basado en normas equivocas y de diferente naturaleza hace que se cree indefensión el administrado. Por ejemplo, cuando el ejecutor traba una medida cautelar de retención bancaria la traba y tramita como si fuera un juez, pero a diferencia del juez los ejecutores no toman en cuenta que en el procedimiento de ejecución coactiva no existe la oposición a la medida cautelar, que si existe en la normativa procesal civil. Sin embargo los ejecutores al momento de trabar la medida la ejecutan como si fueran jueces.