Acusación directa en los delitos de violencia familiar en el marco de celeridad procesal, Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huamanga, 2022.

Abstract

La presente tesis tiene como objetivo principal analizar la implementación de la acusación directa en los delitos de violencia familiar en el marco de celeridad procesal, centrándose en la experiencia de la Fiscalía Penal Corporativa de Huamanga durante el año 2022. La investigación busca comprender de qué manera esta práctica ha influido en la efectividad de la administración de justicia en casos de violencia familiar en dicha jurisdicción. La hipótesis positiva planteada sugiere que la acusación directa ha contribuido positivamente a la mejora de la efectividad judicial. Se postula que la eliminación de la fase de investigación preliminar ha permitido una respuesta más rápida y focalizada, agilizando los procesos y brindando una atención más inmediata a los casos de violencia familiar. El trabajo se estructura en torno a la revisión de la literatura existente sobre acusación directa, celeridad procesal y violencia familiar, proporcionando un marco teórico sólido para el análisis. La metodología de la investigación incluye el análisis de casos específicos manejados por la Fiscalía Penal Corporativa de Huamanga en el periodo de estudio, así como entrevistas con fiscales, defensores y otros actores clave del sistema judicial. Los resultados esperados buscan identificar los impactos positivos derivados de la implementación de la acusación directa, como la eficiencia en la administración de justicia, la optimización de recursos y la reducción de los plazos procesales. Además, se busca evaluar cómo esta práctica ha contribuido a la protección de las víctimas, la rehabilitación de los agresores y la prevención de recidivas. A través de este estudio, se espera ofrecer una contribución significativa al entendimiento de la relación entre acusación directa, celeridad procesal y efectividad de la justicia en casos de violencia familiar, proporcionando resultados valiosos para el diseño de políticas públicas y prácticas judiciales que promuevan una respuesta más eficaz y justa ante esta problemática social.